Hace pocos días murieron calcinados 81 presos en una cárcel de Santiago. Que mueran ochenta personas en un solo hecho ya es suficientemente dramático en cualquier circunstancia y condición, pero que mueran quemados y asfixiados, y pidiendo les abran las puertas del penal en el que están recluidos es algo doblemente terrible.
Y este horror ha permitido destapar un poco el grave problema carcelario que hay en Chile desde hace muchos años y que NADIE ha asumido con real compromiso, ningún gobierno ni autoridad.
Los gobiernos de la Concertación parchaban de a poco, solo para responder a los emplazamientos de la derecha y nunca planteando propuestas propias, excepto Lagos, que entregó en concesión doce penales licitados que servirán -como todo lo que hizo Lagos- para enriquecer más a los dueños de las empresas concesionarias.
Los políticos de derecha, por su parte, a través de feroces campañas en los medios de comunicación, nos querían hacer creer que la felicidad se consigue encarcelando a todo quien cometa un delito, por menor que sea. Y además enrostraban a la Concertación su incapacidad para poner fin a los asaltos. Ahora que son gobierno hay más asaltos que antes pero eso los medios no lo ven ni los políticos tampoco.
Como bien decía el director de un departamento de Derechos Humanos de una universidad privada, hay autoridades de derecha que durante años han pregonado como único castigo a los problemas de seguridad ciudadana el encarcelamiento, obligando a aumentar la represión: más cárceles, más funcionarios para Gendarmería, todo lo cual redunda en la actual crisis, que puede explotar por cualquier lado. Pueden haber huelgas de hambre u otros hechos que ponga aún más difícil esta situación.
La sobrepoblación penal es dramática. Los penales en el país están construidos para 35.000 internos y actualmente hay 55.000. En la Penitenciaría hay espacio para 2.200 y hay 4.500 y en la cárcel de San Miguel, donde se produjeron los trágicos hechos, el espacio es para 1.100 internos y habían más de 1.900. Y así en el resto del país.
Pero también hay errores en la administración de justicia. Uno de los muertos era un joven de 22 años condenado a 61 días de prisión por vender CDs piratas en la calle. ¿Debía estar ese joven recluido junto a delincuentes peligrosos y avezados, si solo es un transgresor de políticas comerciales? Otro de los muertos fue detenido por ebriedad y como no tenía dinero para pagar la multa lo llevaron a ese módulo, en esa cárcel. Son casos puntuales, pero que demuestran los errores que se cometen a diario.
Una de las pocas personas que ha tenido una preocupación constante y ha planteado públicamente el problema cada vez que ha podido es la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado. Ella ha visitado las cárceles, ha entregado informes, ha puesto el tema, pero no le han prestado atención.
Ahora los políticos querrán proponer soluciones que lo más seguro es que no den solución, porque los Espina solo quieren llenar el país de cárceles.
Cuando a la población se le dé acceso a buena educación y a trabajo digno habrán menos que salgan a robar. Y cuando los que mucho tienen hagan menos ostentación de su riqueza y sus lujos seguramente serán menos los que se interesen en ir a robar a Lo Barnechea, La Dehesa, Vitacura y Las Condes.
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