Después de años de investigación y de meses de campaña mediática desbocada, el juez Luis Avilés primero y la Corte después, debelaron la fragilidad de los elementos probatorios sobre los que se sustentaban las acusaciones.
Sin lugar a dudas, es el mayor revés del nuevo sistema procesal penal, sobre todo porque el gobierno lo enarbolaba como su juicio estrella. Los fiscales y los equipos investigativos han hecho tan mal su trabajo, han quedado tan desacreditados, que la propia Fiscalía realizará un sumario interno para conocer las causas de tan sonoro fracaso jurídico.La legítima preocupación de las autoridades y la población por la repetición de bombazos frente a bancos y otras instituciones (más de 80 en unos 5 años), llevó al Ministerio Público a encargar su investigación al fiscal Xavier Armendáriz. Dicho fiscal interrogó a casi todos los imputados y allanó sus casas, pero con los antecedentes recopilados nunca pudo detener a ninguno de los investigados.
Al asumir el nuevo gobierno, en 2010, que tenía como eslogan de campaña "la guerra contra la delincuencia", las autoridades urgieron tanto a Armendáriz para encontrar "culpables", que el fiscal renunció y el caso se entregó al fiscal metropolitano sur Alejandro Peña. Casualmente, con los mismos antecedentes que para Armendáriz eran insuficientes, Peña montó una trama, sobre la base de antecedentes circunstanciales unidos de determinada forma, y ordenó una masiva detención de implicados, delante de las cámaras de televisión, para transformar este hecho en un éxito mediático del gobierno.
Es tan evidente que el "caso bombas" se ha manejado políticamente, que en abril el fiscal Peña renunció a su cargo y pasó a trabajar directamente en el Ministerio del Interior, mostrando para la opinión pública común y corriente que Gobierno y Fiscalía estaban coludidos en este caso. Así, el ministro Hinzpeter devolvió los favores al ex-fiscal, por haber calificado rápidamente a todos los acusados de "terroristas" (sin haberlos juzgado) y aplicarles la ley antiterrorista, que claramente solo se utiliza contra la población mapuche y los anarquistas y antisistémicos.
Como bien señalaba uno de los abogados defensores, en esto hay una confusión y una regresión: "se confunde el pecado con el delito". Para el orden social actual ser anarquista, ser disidente es un pecado, ¡¡pero eso no es constitutivo de delito!! Pensar distinto no convierte a una persona en delincuente...
El juez Avilés explicó en su momento que el Ministerio Público estaba presentando pruebas de cuarta categoría y que sustentaba la acusación en sicología barata, eliminando más de 2.500 pruebas. La entonces Defensora Penal Pública señaló que la causa se llevó apresuradamente, con mucho descuido y que 7.000 elementos de prueba no tienen relevancia o no guardan relación con el hecho investigado. Incluso uno de los fiscales de la causa (Rojas) explicó que algunas pruebas se habían humedecido o deteriorado, lo que resulta por decir lo menos insólito, pues no es comprensible que la Fiscalía no proteja y conserve los elementos que supuestamente le servirán de prueba en un juicio.
Si bien hay 4 ó 5 imputados que serán juzgados por la colocación de los artefactos explosivos, el gran montaje ideado por Peña se cayó y ojalá el sumario de la Fiscalía lo ratifique, para transparencia y credibilidad del sistema.
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