Hace unos días, el juez Víctor Montiglio resolvió procesar a 129 ex-agentes de la dictadura militar por su responsabilidad en tres emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973:
- El caso de calle Conferencia, en que la DINA secuestró y desapareció a toda la dirección del Partido Comunista en la clandestinidad,
- La Operación Colombo, por el que la represión asesinó a 119 militantes en su mayoría del MIR, y
- La Operación Cóndor, que fue el acuerdo represivo que establecieron las dictaduras militares del Cono Sur y que permitía el intercambio y traslado de prisioneros.
El juez Montiglio ordenó el enjuiciamiento como co-autores del delito de secuestro calificado de 64 ex-funcionarios del Ejército, 14 de la Fuerza Aérea, 11 de la Armada, 32 de Carabineros, 6 de Investigaciones y 2 de Gendarmería, todos ya en retiro, además de Manuel Contreras, ex-director de la DINA. De los encausados, 60 nunca habían comparecido ni habían sido mencionados en anteriores denuncias de violaciones a los derechos humanos, pues por primera vez se enjuicia a quienes conocieron los hechos y no los denunciaron, como agentes que cumplían labores de custodia y traslado de presos políticos.
El "Colectivo 119" señala que el juez Montiglio descubrió a los culpables, en una investigación tremendamente profesional, con un cruce de información nunca antes vista. Y su información y archivo llega a ser tan profunda y detallada, que le resulta fácil detectar la más mínima contradicción entre una, dos o diez declaraciones prestadas por la misma persona.
El título de esta nota la tomé de una declaración del abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, al conocerse la noticia de estos procesamientos, porque me pareció muy simbólico el reconocimiento que lleva implícito. Contreras tiene el mérito de ser el primero que, en enero de 1998, presentó una demanda judicial contra Augusto Pinochet (quien todavía era comandante en jefe del Ejército) en nombre de Gladys Marín, por el secuestro y desaparición de su esposo, Jorge Muñoz, desde la casa de calle Conferencia.
A ello se suma que hace un tiempo, un año quizás, una de las principales dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, no recuerdo si fue Viviana Díaz o Mireya García, declaró que con el paso de los años los jueces habían encontrado la verdad y ahora faltaba hacer justicia, porque verdad y justicia han sido las principales demandas de los familiares de las víctimas, que también por cierto son víctimas.
Estas declaraciones, de quienes están informándose y participando a diario en las causas de derechos humanos en tribunales me parecen muy importantes, porque reflejan que a pesar de las complejidades políticas inherentes al tema, los jueces han sabido llevar a cabo las investigaciones con tal acuciosidad, que en la casi totalidad de los casos se ha logrado establecer exactamente qué pasó, quién lo hizo, quién mandó y quién ejecutó. Otra cosa es que después se determinen las sentencias correspondientes a los delitos, porque muchas veces las instancias superiores rebajan las penas establecidas por los jueces instructores.
Prueba de ello es el caso del asesinato de Víctor Jara, que por más de 30 años permaneció sin que se pudiera establecer fehacientemente lo ocurrido y sus responsables, hasta que por fin en este año un "pelao" de la época confesó su participación, con lo que se reabrió la investigación y el juez ha podido finalmente avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Víctor.
Y todo esto no ha ocurrido porque los jueces sean "comunistas", "concertacionistas" o "anti-pinochetistas", sino porque los testimonios y hechos que les ha tocado investigar son tan elocuentes que les basta con cumplir su deber para enjuiciar, encausar, procesar, sentenciar y encarcelar a los torturadores y asesinos. De esta forma, hay más de 500 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, más algunos civiles, cumpliendo penas de presidio en las cárceles levantadas para ellos, en especial en Punta Peuco. De entre ellos, un pequeño grupo se lleva todos los premios: el 'Mamo' Contreras, Espinoza, Krassnoff Marchenco y algunos nombres más que se repiten en innumerables juicios y acumulan decenas de sentencias de prisión, por ser los más crueles y abominables seres humanos que ha producido este país.
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