domingo, 23 de octubre de 2011

Los cuicos contra los flaites

La situación vivida en Chile el domingo anterior es a lo menos ignominiosa. La policía cercó los barrios de los ricos para protegerlos y evitar que las hordas de pobres lleguen al estadio del equipo de los ricos, por el miedo a los supuestos saqueos, apedreos, robos y, quizás, malos olores, malas palabras y gritos poco agradables a sus bien cuidados oídos.

Esto, que está dicho con un tono un poco burlesco es de verdad dramático, en tanto demuestra cómo se vive y siente en Chile la discriminación de clases. A diferencia de otros países, en que la discriminación es racial (la sufre la población negra y los indígenas, principalmente) o religiosa (contra los musulmanes sobre todo), en Chile la discriminación ha sido siempre por clases sociales. Los miembros de la oligarquía, la gente con buenos apellidos, los que detentan el poder económico y se sienten patriarcas del destino del país, discriminan al resto y lo han hecho toda la vida.

Los ricos tienen sus sistemas de salud (las isapres y las clínicas caras), sus sistemas previsionales (las afp, los seguros), sus ghettos de residencia (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Dehesa) y todo un entramado de servicios que les permiten no "contaminarse" con el resto de Chile y vivir sin necesidad de pasar de Plaza Italia p'abajo o, quizás, de Tobalaba, Escuela Militar o Pedro de Valdivia. Porque para ellos hay chilenos de primera y chilenos de segunda. Los de primera clase sumarán un millón; los otros 16 millones somos tratados como personas de segunda clase.

Ciertamente el tema de las "barras bravas" es un problema social complejo, que no se ha sabido manejar, pues hay muchos intereses involucrados, empezando por los de los dirigentes de los clubes. Ellos son los que les han dado trigo a las barras bravas y los que no permiten poner límites a sus desmanes, porque entre esos barristas se mezclan delincuentes, flaites, encapuchados y también fanáticos normales, comunes y corrientes, que se transforman en seres violentos por influjo de su entorno. Pero la solución no está en la represión, sino en un trabajo serio, de largo plazo, que provoque cambios en la cultura deportiva. En Inglaterra se logró poner fin a los desmanes de los hooligans, pero en América Latina nadie se atreve a ponerle "el cascabel al gato".

Y entre esas barras sin duda la peor es la Garra Blanca, que son de una agresividad sin medida. Pobre del que se encuentre con esos barristas en un bus por ejemplo, tiene que soportar todo tipo de violencia verbal y muchas veces la destrucción de ventanales y otros elementos solo porque a ellos les da la gana de hacer daño, porque son prepotentes y mal educados. Y ni qué decir de su estadio, que huele a agresividad y a inseguridad para todo quien no sea colocolino ("Los de Abajo" también son barristas difíciles y agresivos, pero en grados notablemente menores a los "garreros", pues no amedrentan de la misma manera a los no azules; uno puede ir tranquilo al Estadio Nacional si no se ubica el codo sur).

Pero toda esta situación que generan las barras bravas no justifica por ningún lado la represión suifrida por los colocolinos el domingo pasado, cuando querían llegar a San Carlos de Apoquindo. Me pareció indignante ver en TV como los carabineros bajaban a los jóvenes de los buses solo porque iban con camisetas del Colo o parecían ser simpatizantes de ese equipo, porque iban tranquilos y no daban argumentos para prohibirles el desplazamiento dentro de la ciudad. ¡¡Ese es un derecho!! Además, la detención por sospecha se terminó hace varios años en Chile justamente porque daba lugar a excesos, pero como ahora se estaba protegiendo a los ricos se permitió todo tipo de arbitrariedades. Una mancha más en el historial represivo de este gobierno.

Por eso también me pareció muy interesante ver cómo los colocolinos salieron a la calle ayer a reclamar contra la discrminación que sufrieron (marcha en la que un grupo de estos hinchas quiso saquear un supermercado). La conciencia sobre los derechos ciudadanos que se ha adquirido en los últimos 20 años es un hecho relevante y ellos también pueden reclamar por sus derechos conculcados.

Las excusas que da ahora Jaime Estévez (presidente de la sociedad dueña de la U. Católica) me parecen una desvergüenza. Es muy fácil seis días después decir que lamenta lo ocurrido, cuando ya se cometió la arbitrariedad. Es una desfachatez pedir disculpas ahora.

Por último, y al margen del hecho mismo, no sé para qué querían ir a San Carlos si su equipo juega tan mal. La Cato les hizo 4-0, la semana anterior La Serena también los había goleado 4-0 y antes La Calera les hizo 3-0. Eso sin considerar que la U de Conce este año les hizo 8-1 (5-1 en el Monumental y 3-0 en Collao).

Este tema tiene muchas otras aristas a considerar, pero al menos algunas ideas quería señalar, poner en discusión.

jueves, 6 de octubre de 2011

Cuando se hace mal el trabajo

La Fiscalía Metropolitana Sur se desistió de los cargos de asociación ilícita terrorista contra 13 personas detenidas desde agosto 2010, debido a que la Corte de Apelaciones de Santiago excluyó más del 70% de las pruebas que presentaría la Fiscalía en el juicio que se iba a iniciar contra los acusados, por considerarlas repetidas, irrelevantes, impertinentes y atentatorias contra las garantías constitucionales de los chilenos.

Después de años de investigación y de meses de campaña mediática desbocada, el juez Luis Avilés primero y la Corte después, debelaron la fragilidad de los elementos probatorios sobre los que se sustentaban las acusaciones. Sin lugar a dudas, es el mayor revés del nuevo sistema procesal penal, sobre todo porque el gobierno lo enarbolaba como su juicio estrella. Los fiscales y los equipos investigativos han hecho tan mal su trabajo, han quedado tan desacreditados, que la propia Fiscalía realizará un sumario interno para conocer las causas de tan sonoro fracaso jurídico.

La legítima preocupación de las autoridades y la población por la repetición de bombazos frente a bancos y otras instituciones (más de 80 en unos 5 años), llevó al Ministerio Público a encargar su investigación al fiscal Xavier Armendáriz. Dicho fiscal interrogó a casi todos los imputados y allanó sus casas, pero con los antecedentes recopilados nunca pudo detener a ninguno de los investigados.

Al asumir el nuevo gobierno, en 2010, que tenía como eslogan de campaña "la guerra contra la delincuencia", las autoridades urgieron tanto a Armendáriz para encontrar "culpables", que el fiscal renunció y el caso se entregó al fiscal metropolitano sur Alejandro Peña. Casualmente, con los mismos antecedentes que para Armendáriz eran insuficientes, Peña montó una trama, sobre la base de antecedentes circunstanciales unidos de determinada forma, y ordenó una masiva detención de implicados, delante de las cámaras de televisión, para transformar este hecho en un éxito mediático del gobierno.

Es tan evidente que el "caso bombas" se ha manejado políticamente, que en abril el fiscal Peña renunció a su cargo y pasó a trabajar directamente en el Ministerio del Interior, mostrando para la opinión pública común y corriente que Gobierno y Fiscalía estaban coludidos en este caso. Así, el ministro Hinzpeter devolvió los favores al ex-fiscal, por haber calificado rápidamente a todos los acusados de "terroristas" (sin haberlos juzgado) y aplicarles la ley antiterrorista, que claramente solo se utiliza contra la población mapuche y los anarquistas y antisistémicos.

Como bien señalaba uno de los abogados defensores, en esto hay una confusión y una regresión: "se confunde el pecado con el delito". Para el orden social actual ser anarquista, ser disidente es un pecado, ¡¡pero eso no es constitutivo de delito!! Pensar distinto no convierte a una persona en delincuente...

El juez Avilés explicó en su momento que el Ministerio Público estaba presentando pruebas de cuarta categoría y que sustentaba la acusación en sicología barata, eliminando más de 2.500 pruebas. La entonces Defensora Penal Pública señaló que la causa se llevó apresuradamente, con mucho descuido y que 7.000 elementos de prueba no tienen relevancia o no guardan relación con el hecho investigado. Incluso uno de los fiscales de la causa (Rojas) explicó que algunas pruebas se habían humedecido o deteriorado, lo que resulta por decir lo menos insólito, pues no es comprensible que la Fiscalía no proteja y conserve los elementos que supuestamente le servirán de prueba en un juicio.

Si bien hay 4 ó 5 imputados que serán juzgados por la colocación de los artefactos explosivos, el gran montaje ideado por Peña se cayó y ojalá el sumario de la Fiscalía lo ratifique, para transparencia y credibilidad del sistema.